Nuevo lunes, nuevo mes, nuevo año…
todo nuevo. Vamos a ver que nos depara el 2015 lleno de emociones en lo
político propias de una montaña rusa… elecciones municipales, autonómicas, generales…
Centrándonos en lo sanitario, muchos cambios en la sanidad madrileña y la
nacional con nombramientos de nuevos responsables.
En los próximos días, y durante el
mes de enero, los funcionarios deben decidir si quieren ser atendidos en el
sistema público o en el privado, y si es así en que compañía. Hasta ahora, el
80% había optado por el sistema privado, pero tal vez estos anuncios y cambios en
la prestación produzcan un vuelco hacia lo público. La pregunta es si el
sistema público puede asumir la demanda asistencial añadida que se le
generaría. Habrá que estar a la expectativa. Me reservo por ahora mi opinión
porque el tema da para otra tribuna y aún más para una tesis.
Desde mi punto de vista este es un
buen modelo, basado en una visión integrada de los recursos sanitarios del
país, donde se permite al ciudadano elegir libremente prestador, y aplicándose
el principio de separación de financiación, aseguramiento y provisión de
servicios, donde las Instituciones Públicas son garantes del servicio y
ejecutoras de la prestación del mismo, pero no prestadoras.
Es un modelo muy asentado con casi
40 años de existencia (este año que comienza se cumple 39 años del Decreto 843/1976,
por el que se aprueba el Reglamento General del Mutualismo Administrativo), y está
basado fundamentalmente en un sistema de colaboración público-privada que ha
venido funcionando tan bien que la amplia mayoría de los funcionarios has
optado por la asistencia privada. Y además lo hace, según algunos estudios
realizados, a unos cotes per cápita inferiores entre el 20% y el 30% inferior
al gasto sanitario en prestación pública. Asisa cifraba esta diferencia en el
entorno del 40%
Pero no parece que estos datos sean
suficientes para mimar a un modelo de prestación sanitaria que bien podría
estudiarse su aplicación a otros colectivos, sino que se le viene asfixiando vía
precio cápita a las aseguradoras, hasta tal punto que la mayoría opta por
renunciar a este mercado por ser, ya no poco rentable, sino de alto riesgo.
Otro problema del modelo es que los
colectivos cada vez es más reducido y cada vez está más envejecido. Según datos
publicado en el mes de diciembre del año que amamos de cerrar, el número de
empleados públicos se situó en julio de 2014 era de 2.522.631, 25.000 menos que
el año anterior. Aunque es cierto que, como señalan los responsables de Asisa,
se incrementan las tasas de reposición en algunos ámbitos como es el caso de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En definitiva, pocas compañías que
jueguen la partida, reducción del colectivo, envejecimiento e incremento de la
morbilidad, estrangulamiento financiero a pesar de lo positivo del ligero incremento
de este año, ponen muy complicada la viabilidad de este modelo en el medio
plazo. Quizás la puntilla ya se le haya dado este año: el pueblo decide. Veremos
que deciden los funcionarios en las próximas semanas, porque aquí la
participación ciudadana, tan de moda ahora, mediante decisiones individuales y
personales para decir que hacer con el dinero que le corresponde para su
sanidad es un ejemplo a seguir. Y hablamos de un colectivo que me cuesta creer
que tire “piedras contra su propio tejado”, por lo que estoy seguro que
seguirán defendiendo la sanidad pública como hasta ahora.
Antonio Burgueño Jerez
