(Publicado en Sanifax, 1 de diciembre de 2014)
Otros
lunes primero de mes, y esta vez el último de un año donde fundamentalmente ha
habido más de lo mismo, con alguna excepción. Por ejemplo, los presupuestos
sanitarios el año que viene vienen a incrementarse de manera generalizada.
Parece que para eso si ha habido consenso sin necesariamente hablar del asunto,
pues el lenguaje común de las elecciones por un lado, y unas cuentas más
ordenadas y controladas en general, permiten tomar esa decisión. Sea por lo que
sea, es una buena noticia, que deseo no sirva para relajación y no olvidar que
hay que seguir dando vueltas en el terreno organizativo y de la planificación
de servicios y su gestión para lograr más eficiencias. Hay mucho margen de
mejora, siempre lo hay, por muy eficiente que se sea, hay que darle siempre
otra vuelta más. Reflexión esta que se basa en el principio de mejora continua
huyendo de palabras rimbombantes.
En
ese proceso mejora debería haber más participación ciudadana. No puedo estar
más de acuerdo con quien así lo manifiestan. Pero la participación a lo que me
refiero se centra en el ámbito empresarial, pues no dejan de ser entidades y
organizaciones sociales, con un papel fundamental en la sociedad e integradas
por personas que forman lo que ahora gustar llamar la ciudadanía. Y la participación
que reclamo no es solo en decir “que hay que hacer”, sino en participar más en
hacerlo. Es decir, incrementar la colaboración público-privada, o
público-sociedad, o público-ciudadana, si se prefiere.
Pero
debe hacerse desde un cambio de mentalidad de los entes sociales de carácter productivo
llamadas empresas. Hay que pasar de una cultura que desde las mismas se tomen
iniciativas para sumarse a ellas, a empujarlas, a liderarlas. No estoy hablando
de influir en las decisiones de los gobiernos mediante conversaciones y
exposición de ideas, que ya se hace (y eso no es malo en esencia). Hay que
pasar a proponer proyectos concretos llevando la iniciativa, cosa esta
completamente legal para cierto tipo de proyectos.
El artículo
128.5 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es muy
claro: “Se admitirá la iniciativa privada en la presentación de estudios de
viabilidad de eventuales concesiones…” y a partir de ahí describe el
procedimiento para proceder a ello. Más adelante aclara además que en justicia
deberá reintegrarse el esfuerzo económico de la iniciativa en caso de no ser
adjudicatario final, y en caso de aceptación de la iniciativa.
Esta
figura que ya se venía reflejando en el texto anterior supone un tremendo
avance en tanto en cuanto vehiculiza lo que antes no podía, en principio,
hacerse. A título anecdótico, un buen amigo y letrado siempre dice que es
lícito colaborar con la Administración pública a título de “buen ciudadano”,
figura aplicable en aquellos casos que no se pretende un contrato o
contraprestación posterior, cosa que evidentemente no suele ocurrir.
La presentación
de estudios de viabilidad por iniciativa privada puede ser una perfecta
estrategia comercial, si se me permite la expresión, pues los riesgos asumidos
por esta vía, sea o no aceptada finalmente, no son menores que los que se
asumen ante las propuestas que se realizan a otras empresas cliente. Es además
una extraordinaria estrategia competitiva en tanto en cuanto es difícil de
imitar, pues requiere de un profundo conocimiento de la realidad política y de
la administración pública, y no pocas veces de encontrar los socios adecuados, además
de ser lo suficientemente creativos para desarrollar una idea, conceptualizarla
y llevarla a proyecto.
Antonio Burgueño Jerez
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